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Acuerdo de proceso abreviado de Ana Ligia de Saca queda sin efecto

El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, instaló la audiencia preliminar contra 13 personas acusadas de lavado de dinero y activos, pero la diligencia se suspendió por 24 horas debido a que la defensa del imputado Cesar Funes Cruz ha solicitado negociar con la Fiscalía General de la República un procedimiento abreviado.

La defensa del imputado señaló que es de su interés lograr un acuerdo y que han negociado la entrega de algunos inmuebles de los cuales ya hay valúo para que se tenga por garantizada la responsabilidad civil.

Manifestó que han negociado para su cliente un procedimiento abreviado que consiste en una pena de tres años y el pago de un millón 300 mil dólares en concepto de responsabilidad civil correspondiente según la acusación fiscal al 20% que pudo ser el beneficio que obtuvo por el delito que le se acusa.

La representación fiscal estuvo de acuerdo de suspenderla con el fin de corroborar la documentación presentada por la defensa del imputado a efecto la posibilidad de negociar el acuerdo.

Por otra parte el abogado de la exprimera dama, el abogado Miguel Flores Durel expuso al juez que debido a que se modificó los términos del acuerdo negociado con la FGR en cuanto al pago de la responsabilidad civil de su defendida, informó que han desistido de dicho acuerdo, “consideramos que una modificación como esta es sorpresiva pues se nos comunicó hace dos días, no fue negociada ni acordada”, acotó.

Señaló que ante la nueva exigencia fiscal, la exprimera dama enfrentará el proceso ordinario.

El acuerdo de procedimiento abreviado con la exprimera dama quedó sin efecto porque según la Fiscalía no acepto devolver 17 millones de responsabilidad civil, al respecto la defensa señaló que su clienta tiene intervenidos sus bienes los que están controlados y sujetos a medidas cautelares.

La Fiscalía acusa a los procesados de blanquear un aproximado de 22 millones de dólares provenientes de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al expresidente Elías Antonio Saca González. Supuestamente estas personas naturales utilizaron sus cuentas bancarias y sus empresas para ocultar el origen ilícito del dinero.

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