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Exigen esclarecer homicidio de defensora ambiental en Guatemala

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigieron este lunes esclarecer el homicidio de la coordinadora de la Pastoral del Ambiente de la Parroquia de Suchitepéquez, Diana Isabel Juárez.

La CIDH publicó en sus redes sociales la denuncia del homicidio de la defensora ambiental guatemalteca, quien supuestamente fue ultimada “cuando regresaba de participar en una actividad”, en el departamento de Suchitepéquez, cuya capital, Mazatenango, queda unos 160 kilómetros de distancia de ciudad de Guatemala.

Este domingo, la Procuraduría de los Derechos Humanos abrió un expediente por el asesinato de Juárez y publicó en sus redes sociales que dará seguimiento al caso, un hecho que lamentó y condenó.

Además, mostró su preocupación por “la criminalización y ataques contra defensores de derechos humanos (…) dentro del contexto de estado de sitio”, aprobado por el Congreso el sábado.

La coordinadora de la Unidad de Protección Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, Claudia Samayoa, contó que este asesinato surge “dentro del desgobierno actual y del discurso antiderechos que está comenzando a afectar a la gente que tiene compromiso social y ambiental desde la fe”.

La Unidad también repudió el asesinato con una publicación en la que exigió al Ministerio Público una investigación para esclarecer el hecho, aunque la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera, aseguró a Efe no tener conocimiento de alguna denuncia o investigación en curso sobre la muerte de Juárez.

Samayoa recordó que el pasado 28 de agosto fue asesinado en la zona 6 capitalina un catequista de la Parroquia el Pilar, Marvin Yovani Ramos, quien también era miembro del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, una entidad que trabaja para consolidar la paz en el país centroamericano.

El párroco de la Parroquia de San Antonio de Padua, José Luis González, exigió el pasado 6 de septiembre el esclarecimiento de los crímenes en ese barrio y de “todos los demás homicidios que asolan la ciudad y el país”.

Igualmente rechazó la imposición del estado de sitio al oriente de Guatemala, ya que “solo da más poder a los que han tolerado esta situación”.

Samayoa también alertó de las amenazas que hicieron este fin de semana en contra del reverendo José Pilar Álvarez, pastor luterano de la comunidad La Trementina, en el oriental departamento de Zacapa, sobre quien fueron repartidos panfletos que lo señalaban de tener relación con el excomandante guerrillero César Montes, señalado de los ataques al Ejército en Semuy II, la semana pasada.

Ese ataque, que dejó tres militares muertos y otros retenidos y heridos, derivó en la declaración del estado de sitio que realizó el presidente del país, Jimmy Morales, y que este sábado fue aprobado por mayoría simple en el Congreso de la República.

En la información difundida sobre el pastor luterano, había una foto suya, su dirección de casa y trabajo y otra foto de César Montes armado con la sentencia: “¡Atención Zacapa y Chiquimula! Coyotes de la misma loma. Estos personajes si se les puede llamar, usan la misma forma de trabajo, utilizando (mujeres y niños) como escudos humanos para lograr, sus intereses personales y económicos”.

Incluso, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos se reunieron este lunes con el reverendo Álvarez para verificar su situación ya que “está en peligro su integridad ante distribución de volantes, derivado de su defensa a los recursos naturales de la montaña Las Granadillas, aldea La Trementina”.

En su denuncia, la CIDH exigió también al Gobierno brasileño respuesta por el asesinato de Maxciel dos Santos, un defensor ambiental que trataba de impedir la entrada de invasores al área de las Amazonas.

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