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Denuncian que continúan detenciones arbitrarias contra opositores en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles sobre “una práctica estatal permanente en Nicaragua” de detenciones arbitrarias contra opositores al gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, en el marco de la crisis que vive el país desde hace 22 meses.

La Fiscalía de Nicaragua acusó el lunes pasado a tres universitarios que han participado activamente en los piquetes de protestas que se realizan en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, contra el gobierno de Ortega.

Los jóvenes fueron acusados por un supuesto robo de 600 córdobas (unos 331 pesos mexicanos) en perjuicio de José Leonel Suazo Gutiérrez, de 23 años.

El titular del juzgado décimo distrito penal de audiencia de Managua, Celso Urbina, admitió la acusación, dictó prisión preventiva contra Kevin Solís, de 21 años, y giró orden de captura contra los otros dos universitarios: Enmanuel Torres y Gerson Suazo.

Solís estuvo preso 11 meses por haber permanecido atrincherado en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) cuando estallaron las protestas contra el presidente Ortega por una impopular reforma a la seguridad social.

La CIDH llamó al Estado de Nicaragua a respetar la libertad personal, el debido proceso (especialmente, garantizar la integridad, salud y vida de personas bajo custodia) y promover la pronta liberación de personas presas bajo cargos infundados en el contexto de la crisis de derechos humanos.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el gobierno han acusado a la Policía Nacional y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, “sembrado drogas y armas”, para presentar los casos como delitos comunes.

El bufete jurídico Defensores del Pueblo ha denunciado que el Poder Judicial nicaragüense está condenando ahora a los opositores bajo delitos comunes y con policías como testigos, para evitar que sean llamados “presos políticos”.

Según diversos sectores, las autoridades ahora están acusando a los opositores por delitos comunes, y no por los delitos de crimen organizado y terrorismo, como lo hicieron en un principio, antes de aprobar la polémica Ley de Aministía, el pasado 8 de junio.

En junio del año pasado, el Ejecutivo nicaragüense liberó a los principales dirigentes de las protestas ciudadanas bajo una ley de Amnistía que, según la oposición, dejará impune la represión gubernamental.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de “golpe de Estado”.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ente tutelado por la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien atribuye incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.

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